por Carolina Montoto

Soy la doctora M., especialista en medicina familiar y comunitaria, y acabo de enterarme de que en la Universitat Autònoma de Barcelona hay una conspiración de estudiantes y trabajadoras para imponer en el claustro universitario su entramado separatista, desmembrador de la unidad y agitador de las masas. En otras palabras, masón y rojo.

¡Sedición en las aulas y yo con estos pelos!

A los hechos me remito: el 17 de abril de 2013 unos 200 estudiantes entraron en el rectorado de la UAB, y, según se afirma en La Vanguardia (hasta 1978, La Vanguardia Española), hubo aldarulls, actes violents al campus universitari, desperfectes i «greus coaccions, amenaces i intimidacions a quatre estudiants i a l’exvicerectora d’estudiants al llarg d’uns quants anys». 

¡Las hordas atacan de nuevo y arrasan contra el orden establecido!, me digo, y continúo leyendo ese periódico que en 2014 recibió 850.000 euros de subvenciones por parte de la Generalitat. Y alguien, un cliente del bar en el que me encuentro, que también ha leído el titular, comenta: ¿De verdad era necesaria esa medida de fuerza? ¿Acaso no vivimos en una sociedad caracterizada por la libertad de expresión?

Me tiro cinco minutos riendo, no puedo evitarlo, aunque con una risa amarga: ¡¿libertad de expresión?! Más bien diría que hay libertad de empresa para hacer uso de la libertad de expresión.

No obstante, por otra fuente que no recibe subvenciones me entero de que los insurrectos habían ocupado el rectorado para exigir que se aplicaran unas mociones aprobadas democráticamente por el claustro: que la UAB desobedeciera la orden de aumentar las tasas de las matrículas en un 66%.  Todo ello dentro del contexto de lucha contra las políticas concebidas para privatizar la educación (vía máster, entre otras medidas) y así convertir la universidad en un lugar destinado a las élites.

Eso alegan los insubordinados, y como si fueran víctimas de una conspiración insisten en que, con las sucesivas reformas educativas, se pretende crear unas élites que ostenten (y detenten) el poder intelectual, político y económico de las naciones. Owen Jones, otra vez.

Pero ¿de verdad estas hordas ven conspiraciones en todas partes? ¿También en la fiscalía, que ha pedido 11 años y 5 meses de cárcel para 25 estudiantes, una trabajadora y un profesor por los actos mencionados?

¿Once años y 5 meses de cárcel  por ejercer el derecho a la protesta?

Por Tutatis, ¡están locos estos romanos!, como diría Obélix.

Leo el currículum de Sílvia Carrasco, la vicerrectora que puso la denuncia contra estas 27 personas, y algo me llama la atención: esta antropóloga codirige el programa de Master Interdisciplinario en Migraciones Contemporáneas . Un máster cuyo precio es de  3.960 euros. Al alcance de todo quisqui, ¿verdad? Y de pronto todo empieza a encajar: ¿acaso no es preciso desprestigiar a los defensores de la universidad pública para que el profesorado que se beneficia de la educación privada para poder mantener sus privilegios?